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efctos del divorcio

CONVENIOS DE SEPARACIÓN

Es muy frecuente que cuando un matrimonio decide separarse, acudan al Notario para proceder a la firma de unas capitulaciones matrimoniales, en las que conste su voluntad y cuáles van a ser las reglas por las que se van a regir sus relaciones personales y patrimoniales. También reflejarán en las capitulaciones cómo van a cumplir sus deberes y ejercitar sus derechos en relación a sus hijos comunes. El convenio de separación es aquel acuerdo celebrado entre los cónyuges que han decidido separarse, pero sin solicitarlo de momento judicialmente, por el que regulan sus relaciones de toda índole, ante la nueva situación planteada. Tradicionalmente se ha discutido su admisión en nuestro país, pero hoy en día, tras la Ley de 2 de mayo de 1.975 y tras las reformas derivadas de la aprobación de la Constitución de 1978, es indiscutible la validez de los mismos. La forma más adecuada al mismo es la escritura pública de capitulaciones matrimoniales.


Cuestiones planteadas en los convenios

  1. ¿A que materias pueden referirse?
  2. ¿Es necesaria la aprobación judicial de los mismos para su plena eficacia?

Respecto de la primera de las cuestiones, entendemos que pueden referirse a todas aquellas circunstancias a las que puede referirse el Convenio Regulador, previsto por el Art. 90 del Código Civil, para los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, pero con las matizaciones siguientes:

  1. Relaciones con los hijos: Ninguno de los cónyuges puede renunciar a sus obligaciones para con sus hijos sometidos a la patria potestad. Lo que sí podrán pactar son normas en cuanto al ejercicio de la misma, en cuanto a la compañía de quién van a quedar los hijos menores, visitas, etc... . Lo único que cabría destacar es que el Código Civil prevé, como regla general, que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores, o por uno de ellos con el consentimiento del otro. En el convenio uno de los progenitores puede dar al otro un consentimiento general para el ejercicio individual de la patria potestad. Pero puede revocar este consentimiento general otorgado en cualquier momento.
  2. Atribución y uso de la vivienda: Podrán pactar lo que estimen oportuno, sin olvidar lo indicado antes sobre los consentimientos a la hora de vender la vivienda habitual de la familia.
  3. Régimen económico del matrimonio: Admitida por nuestra legislación la posibilidad de modificar el régimen económico del matrimonio, mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales después de la boda, no cabe ninguna duda de que, dentro de los límites previstos por la Ley, podrán pactar lo que tengan por conveniente.
  4. Derecho de pensión: También es materia susceptible de pacto en convenio de separación de hecho.
  5. Sucesión intestada: el Código Civil prevé que en caso de separación de hecho que conste fehacientemente, no existen derechos sucesorios en la sucesión intestada, por lo que el convenio de separación formalizado ante Notario llevará aparejada la pérdida de derechos sucesorios para el cónyuge viudo, si su premuerto consorte murió sin testamento.

¿Que es el convenio regulador?

Si la separación o el divorcio se ha tramitado por ambos cónyuges conjuntamente, o por uno de ellos, con el consentimiento del otro, cuando presenten la demanda de separación o de divorcio deberán acompañar a la misma la llamada "propuesta de convenio regulador". El convenio regulador es el documento en que los cónyuges deben acordar lo que afecta, al menos, a los siguientes efectos, derivados del cese de su vida en común:

  1. La determinación de la persona a cuyo cuidado deben quedar los hijos sometidos a la patria potestad, las normas relativas al ejercicio de la patria potestad y el régimen de visitas y estancias (vacaciones, fines de semana) del cónyuge que no conviva con los hijos.
  2. La atribución del uso de la vivienda y del ajuar doméstico (muebles, enseres, electrodomésticos, etc).
  3. La liquidación del régimen económico del matrimonio.
  4. La pensión que, en su caso, uno de los cónyuges deba pagar al otro.

En caso de acuerdo entre ambos cónyuges, este convenio se somete después al Juez, quien estudiará la conveniencia de aprobarlo o no.

En defecto de convenio o a falta de aprobación judicial del mismo, será el Juez el que dicte las medidas oportunas.

Tanto el convenio como las medidas determinadas por el Juez podrán modificarse, bien por un nuevo acuerdo entre los antiguos cónyuges, bien por decisión judicial, si se modifican las circunstancias familiares. Vivienda en alquiler.

La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos ha resuelto un problema que provocó numerosas reclamaciones judiciales: el de determinar como afecta la nulidad, separación o divorcio al contrato de arrendamiento celebrado por uno solo de los cónyuges.

El problema venía planteando cuando la vivienda alquilada era adjudicada al cónyuge que no había celebrado el contrato de arrendamiento. La nueva Ley indica que se aplicará a los contratos anteriores a la entrada en vigor de la misma la solución de que –declarada la nulidad, separación o divorcio - tendrá derecho a continuar en el arrendamiento el cónyuge a quien se le hubiera adjudicado el uso de la vivienda familiar de conformidad con las reglas antes establecidas.

En el plazo de dos meses desde que le sea notificada la resolución judicial correspondiente, deberá ponerlo en conocimiento del arrendador, a quien deberá remitir al menos una copia parcial de la resolución judicial en la que se le adjudica el uso de la vivienda.


Aprobación judicial de los convenios

Aunque en todo lo relativo al régimen económico del matrimonio no se requeriría aprobación judicial alguna, dado que, como hemos repetido, es posible modificar el régimen económico del matrimonio, si se necesitaría respecto del resto de las cuestiones. Como en este caso la Ley no hace distinción la aprobación judicial del convenio regulador en la sentencia de divorcio o separación aprueba en conjunto el convenio regulador. En consecuencia, sí es necesaria la aprobación judicial, porque hay intereses ajenos a los de los propios cónyuges, por los que deben velar los Tribunales. Y, sobre todo, por lo que a los derechos de los hijos se refiere (fijación de pensiones alimenticias de los hijos, régimen de comunicaciones, visitas etc).


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